Entrevista a Dolores Huerta, directora de Green Building Council España (GBCe)

«Con la llegada de los fondos europeos, la barrera de falta de financiación ya no puede ser una excusa para poner en marcha la rehabilitación.”

Recientemente ha sido elegida codirectora de GBCe, cargo que compartirá con Bruno Sauer. ¿Cómo afronta este nuevo reto profesional?

 Con más ilusión que nunca y con un alto sentido de responsabilidad. Estamos en un momento clave para demostrar que la edificación es capaz de cumplir con su responsabilidad en la transición ecológica en la que estamos inmersos, y GBCe está en una posición central en esta tarea, por reconocimiento y por su composición trasversal.

¿Cree que los avances legislativos y planes que hay en la mesa del MITMA, y en los que ha participado GBCe, conseguirán que la rehabilitación energética ocupe por fin su lugar en el sector de la edificación?

Sin duda hay dos grandes avances que me hacen pensar que así será. El primero es la Estrategia Nacional de Rehabilitación ERESEE2020 presentada ante la Comisión Europea en junio del pasado año. Respecto a las anteriores versiones, la ERESEE 2020 supone un avance de madurez no solo de la administración pública sino de todo el sector que participó de manera activa en su redacción.

 Creo que por fin compartimos una visión y ambición de cara al futuro, y hemos entendido que todos tenemos un papel que jugar y estamos dispuestos a hacerlo. Por poner una pega, como siempre se nos ha quedado fuera el ciudadano, que aún no conoce lo suficiente la rehabilitación y cómo le puede afectar y beneficiar.

 El segundo es el momento coyuntural de la llegada de los fondos europeos de recuperación que ponen en un lugar privilegiado a la rehabilitación. La barrera que hemos esgrimido durante años de falta de financiación, ya no puede ser una excusa para poner en marcha al sector.

El Gobierno gastará 6.820 millones de euros en rehabilitar casi medio millón de viviendas hasta 2023, lo que supone multiplicar por cinco el ritmo de rehabilitación anual vigente, ¿no marean estas cifras? 

 Es, sin duda, un reto mayúsculo hacer un uso inteligente de todos estos recursos y va a poner a prueba la capacidad de gestión y coordinación de las administraciones públicas. Pero bien invertido, con la mirada puesta en tener un sector fortalecido y maduro en 2023, es la oportunidad soñada desde hace años.

Además de la obviedad de recibir los fondos europeos para acometer este plan de rehabilitación, ¿Qué otros mecanismos se deben poner inmediatamente en marcha?

 Como decía, si queremos que este sector tenga una larga vida para cumplir los objetivos de descarbonización hay que invertir en cuatro líneas que son vitales para que la rehabilitación se ponga en marcha.

• La primera es mejorar la capacitación del sector en todos los niveles. Tenemos que hacer un trabajo excelente en cada intervención y para la rehabilitación se requieren conocimientos y capacidades distintos a la nueva edificación.
• En segundo lugar, facilitar todo el proceso de la rehabilitación, sobre todo en lo referente a la tramitación de licencias, ayudas y financiación. Hacer que el proceso sea fácil y sencillo para el ciudadano, desterrando el dicho de “quien me mandaría a mí meterme en obras” por “por qué no lo hice antes”. Entre otras medidas, la puesta en marcha de ventanillas únicas a las que el ciudadano pueda dirigirse para obtener todo lo que necesita serán de gran utilidad.
• Tercero, facilitar mecanismos de financiación apropiados. Superando la visión de la subvención pública que puede servir de incentivo y apoyo a casos de especial vulnerabilidad, pero no debe ser entendida como obligada en todas las actuaciones.
• Cuarto, invertir en comunicación. No olvidemos que quien en última instancia tiene la llave para activar la rehabilitación es el ciudadano, que no solo no tiene información, sino que no es consciente de la necesidad de mejorar la calidad de sus edificios para contribuir a frenar el cambio climático. 

¿Qué intervenciones se deberían priorizar en los edificios para dar buen destino a estos fondos?

Lo primero es que a todas las intervenciones se les debe exigir un objetivo de eficiencia energética muy alto, lo más cercano posible al edificio de energía casi nula, dentro de las posibilidades de cada inmueble. Las intervenciones podrán ser ejecutadas de golpe o por fases, pero este nivel de exigencia es muy importante en ambos casos para no perder oportunidades.

Lo segundo es que no podemos dejar de lado el resto de necesidades de nuestro parque edificado, las posibilidades de disminuir su impacto ambiental, mejorar la salud y la calidad de vida de sus usuarios, por lo que las intervenciones deberían tener un carácter integral.

Es también importante primar las intervenciones a escala de barrio, por su poder trasformador a nivel urbano, por la economía de escala que desatan y por la posibilidad de encontrar plusvalías que ayuden a la financiación.

Por último y no menos importante, hay que atender a los casos de pobreza energética, en los que no se producirán grandes ahorros de una energía que no se está gastando porque no se puede pagar, pero sí la capacidad de resiliencia a personas en situación de vulnerabilidad.

 ¿Debería ser obligatorio que los beneficiarios de estas ayudas a la rehabilitación, además de justificar el destino de las mismas, certificaran anualmente el comportamiento energético del edificio? ¿Cuáles serían los medios más idóneos?

Sería ideal y nos permitiría avanzar en otro de los grandes retos a nivel europeo: la digitalización. Como sector estamos a años luz de otros en cuanto a disposición de datos sobre el comportamiento real de los edificios. Una de las herramientas que podrían ayudar en este sentido es el Libro digital del Edificio, que plantea la Comisión Europea en la Renovation Wave. Este instrumento funcionaría a modo de plataforma que recoja la información de los edificios y permita, por un lado, el acceso a cada ciudadano de compartirla con los agentes del sector y las administraciones públicas de cara a hacer un correcto seguimiento de las intervenciones, tanto a nivel estratégico como técnico.

 ¿Cómo está afectando la evolución de la pandemia al ritmo de rehabilitación?

Pese a los buenos augurios comentados hasta ahora y el futuro prometedor para el sector, a día de hoy hay grandes dificultades para poner en marcha obras de rehabilitación. Algo tan sencillo como celebrar reuniones de comunidades de vecinos en las que se tome la decisión para poner en marcha el proceso de rehabilitación, es ahora un obstáculo tremendo porque no están celebrándose estas reuniones.

 En los últimos meses el GBCe ha publicado numerosos estudios con un denominador común: la salud y la edificación. ¿En qué proyectos está trabajando la organización?

Este año ponemos en marcha dos proyectos que creemos que van a tener un gran impacto, el primero es AÚNA, un foro permanente de discusión de la financiación inteligente para la edificación sostenible, con especial atención a la rehabilitación. El segundo es Building Life, una iniciativa conjunta de 10 países europeos a través de sus GBCs para trazar una hoja de ruta para la descarbonización del sector en 2050, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de los edificios, no solo la fase de uso.

Además, seguimos trabajando para impulsar el marco europeo Level(s) para la edificación sostenible, un lenguaje común para medir y evaluar la sostenibilidad, frente objetivos tan importantes como la economía circular, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la creación de espacios saludables y confortables, el uso eficiente del agua y el análisis de coste y valor de los edificios sostenibles en todo su ciclo de vida. Lo estamos haciendo través de nuestras herramientas de certificación VERDE y DGNB, así como desde el proyecto Life Level(s).